Uno de los fundamentos de nuestro Estado, dicen, es la
separación de poderes.
Para quien no lo entienda, ese dogma clásico del liberalismo se fundamenta en que los tres poderes existentes -al menos formalmente- en un Estado (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) deben de estar acotados. Se trata, en definitiva, de que la condición limitada de cada poder ha de ser la pauta a seguir en el discurrir del Estado, para lo cual el poder total se divide y se reparte en sujetos distintos que tienen parte del poder pero no todo.
La separación de poderes, inicialmente formulada por John Locke y después definitivamente acuñada por Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes, es, en esencia, condición indispensable para el respeto a los derechos fundamentales de las personas y elemento irrenunciable del constitucionalismo moderno.
Pero, claro, de un lado está la teoría, y de otro, claro, la praxis. A nadie escapa que en nuestro país los principios que informan el ordenamiento jurídico y las leyes, en general, pues bueno, ahí están.
El principio de separación de poderes, como garante de un orden constitucional sólido y eficaz, no podía ser menos, y desde la promulgación de la Constitución hemos asistido a un proceso de desvirtualización del poder judicial tremendamente bochornoso, haciéndose este depender del ejecutivo y, lato sensu, del legislativo.
El hecho de que a los Magistrados del TC los designen políticos o el Gobierno y no los propios jueces no puede dar sino escalofrios, pues con ello se corre el riesgo -real, efectivo y con precedentes ya palpables (y no solo en la actualidad mas reciente)- de que nuestro Estado se convierta en la dictadura de la mayoría de turno, que haga y deshaga a su antojo pues tiene por títere al poder judicial, y el control que se supone que este último ha de realizar sobre el primero sea una parodia.
De ese modo solo un destino se puede vislumbrar, y es que si los derechos fundamentales de los ciudadanos están sometidos al poder de turno, la perspectiva de futuro es mas negra que el bigote de Aznar en su primera legislatura, y mas gris en lo garantista que el mostacho del susodicho en su segunda incursión en el gobierno.
Pero esto no son defectos en la puesta en práctica del principio de separación de poderes, pues este estaba perfectamente diseñado, es la corrupción moral y política del Estado la que lo ha vaciado, circunstancia ya prevista por uno de sus principales valedores, Montesquieu. El pensador político francés, en la misma obra citada, ya puso de manifiesto que no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.
En esas estamos, y la sociedad, mientras tanto, laissez faire, laissez passer
